Al Margen

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

¿Llegó la hora de la transición en la UABJO?

Existen indicios claros de que se avecina un cambio de circunstancias políticas en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En ese contexto, vale la pena considerar algunas claves determinantes para entender su situación actual, así como la posibilidad de un acuerdo político que logre garantizar la viabilidad de la Máxima Casa de Estudios en el mediano y largo plazo.

En efecto, el repentino cambio de medida cautelar —que pasó de prisión preventiva justificada, a prisión domiciliaria— impuesta al ex rector, Eduardo Martínez Helmes, respecto a la acusación penal que le formuló la hacienda pública oaxaqueña por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, pareció ser el banderazo de salida para un intento de transición en la conducción académica, política y administrativa de la UABJO. A la par de la excarcelación de Martínez Helmes, comenzaron a sonar nombres y expresiones tanto universitarias como gubernamentales, que abren la posibilidad de la construcción de un acuerdo político para el cambio en la Rectoría. Al respecto, estas son algunas de las claves que es necesario considerar:

  1. La UABJO vive una crisis líquida y de liquidez. Presupuestalmente, la Universidad está ahogada y en ese aspecto su capacidad de maniobra actual no sólo es nula: es deficitaria. Esa circunstancia no le genera mayor preocupación a los ámbitos de gobierno federal y estatal sino hasta el momento en que esa circunstancia le genera una crisis política. Y por eso, paralelamente al ahogo presupuestal, la UABJO vive una crisis de dilución, porque sus condiciones sociales y políticas están marcadas por lo inestable y dúctil que siempre resulta el interés gubernamental ante ella. Sólo se le voltea a ver en la crisis, pero se le desatiende en todas las circunstancias que no resultan de su interés o ganancia política.
  2. La llamada “Familia Real” —los Martínez Helmes, comandados por su patriarca Abraham Martínez Alavez— llegó al límite de su poder, y se convirtió en un elemento pernicioso para la sostenibilidad de la vida universitaria. Tuvieron tanto poder que, igual que como le ocurre a los virus más letales, terminaron matando al organismo huésped antes de poderse replicar, por lo que hoy ya les resulta imposible transmitir su linaje.
  3. El cambio de medida cautelar al ex rector Eduardo Martínez Helmes, sí constituye el campanazo de salida para la búsqueda de un arreglo consensado entre los universitarios. Los delitos por los que se le persigue actualmente, nada tienen que ver con su actuación —también escandalosa, a decir de los propios universitarios— como Rector de la UABJO. Lo bueno o lo malo que haya hecho, durante los cuatro años de su rectorado, no son la razón por la que hoy enfrenta procesos judiciales. Y ese no es un elemento menor, frente a todo lo que está ocurriendo alrededor de la UABJO.
  4. La renovación de la Rectoría por la vía de la elección universal —en la que participan normalmente trabajadores administrativos, personal académico, y alumnos universitarios—, está anclada a un regreso a actividades presenciales que luce imposible, al menos en todo lo que resta del presente año. ¿Cómo, quién, y a qué costo, podrían generar un consenso entre la diversidad de sindicatos para reabrir la Universidad? Y por ende, es indispensable reactivar la vida presencial universitaria para que primero haya clases, e inmediatamente después pueda organizarse y realizarse el proceso electoral. Todo esto, claro, tendría que lograrse dentro de los 80 días siguientes, porque de acuerdo con la determinación actual del Consejo Universitario, debe haber un nuevo rector antes de que concluya la primera quincena de mayo próximo.
  5. Ante la imposibilidad de una elección definida por votación universal —los tiempos simplemente no dan—, queda claro que el proceso de designación de un nuevo Rector está en manos del Consejo Universitario. Éste es el único órgano colegiado con la posibilidad y la legitimidad para impulsar y afianzar un gran acuerdo político a favor de la Universidad, antes que terminar reaccionando a una injerencia abierta —un manotazo, pues— de factores externos.
  6. Lo que está en juego no es sólo la academia, también la gobernabilidad de la Universidad. A ese último, no sólo deben abonar los actores universitarios, sino también los gobiernos estatal y federal. El problema es que todos han guardado silencio. Los únicos que han hecho manifestaciones, con más candidez que convencimiento, son dos de los seis sindicatos universitarios, que están más preocupados por sus intereses que por respaldar al rector Eduardo Bautista en sus cada vez más complicados esfuerzos por mantener a flote la institucionalidad universitaria. No habrá arreglo alguno si no hay manifestaciones políticas claras tanto de los ámbitos de gobierno en la aportación —económica y política— a la gobernabilidad universitaria, pero en el marco del respeto a su autonomía académica y presupuestal.
  7. Existen antecedentes concretos de que los consensos a favor de la Universidad sí son posibles. En 1978 fue impulsado como Rector el hoy extinto Ildefonso Zorrilla Cuevas, a través de un acuerdo político impulsado desde el gobierno federal, y avalado por el Gobierno del Estado y los grupos universitarios. De aquel momento de crisis, ocurrido en el contexto del conflicto y la ruptura entre universitarios ocurrida en 1977, surgió un rectorado de consenso —que llegó a buen término en 1983— en el que pesó más el reencauzamiento de la Universidad que los recelos entre los grupos y sindicatos de la Máxima Casa de Estudios.
  8. ¿Héctor Anuar Mafud sería un elemento de consenso? Él ha asumido sus limitantes frente a lo que dicta la Ley Orgánica de la Universidad, pero no se ha descartado. Parece entender con toda claridad que la decisión final sobre el futuro de la Universidad está en las manos del Consejo Universitario, y así lo ha manifestado al tiempo de remarcar que han sido voces dentro y fuera de la Universidad las que lo han mencionado como un posible elemento de transición, pero que él sólo exploraría la posibilidad de asumir esa responsabilidad, de existir una definición pacífica y civilizada para la UABJO, y para Oaxaca.
  9. Lamentablemente, todos los que representan facciones de poder al interior de la Universidad, han sido parte de su panorama actual. Para los propios universitarios es difícil hallar un liderazgo al interior de la UABJO que genere consenso. La larga lucha entre los mismos factores universitarios hace que unos y otros se descarten y descalifiquen recíprocamente. Lograr unidad entre ellos, que han sido aliados y adversarios crónicos en los acomodos de cada cuatrienio, parece una labor imposible dado que todos han sido parte del mismo juego.

EPITAFIO

La transición en la Universidad es necesaria y, muy probablemente, impostergable. El primer paso, obligado, en cualquier transición, será eliminar el voto universal y empujar con toda la fuerza del Estado una nueva Ley Orgánica para la Universidad. ¿Serán capaces los universitarios de ponderar el interés general por encima de sus posiciones particulares? En el corto plazo, lo comprobaremos.

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